El gobierno del Estado canceló los servicios de Standard & Poor's, importante consultora financiera internacional, contratada por el propio gobierno para calificar su riesgo crediticio, porque, al parecer, se aprestaba a emitir un informe donde advertiría de los riesgos de aumentar la deuda pública de Yucatán.
La cancelación fue poco antes de que el Congreso aprobara la Ley de Ingresos 2011, que permitirá al gobierno elevar impuestos y derechos y contratar un nuevo endeudamiento.
En un intento por evitar las críticas y la desconfianza de los inversionistas, la administración de Ivonne Ortega anuló el contrato con Standard & Poor's, y le pidió a la empresa ya no calificar ninguna deuda emitida por el Estado. Por el contrario, mantuvo los contratos con otras dos calificadoras que aprueban su plan financiero.
La vocera de la oficina en México de Standard & Poor's, Cecilia Cárdenas, confirmó al Diario que el gobierno yucateco anuló el contrato.
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